COCEMFE propone que la futura Ley de Profesiones de los Servicios Sociales incorpore un enfoque de derechos y reconozca al movimiento asociativo

La Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE) ha presentado sus aportaciones al Proyecto de Ley por el que se regulan las profesiones de los servicios sociales , reclamando que esta norma estatal garantice una intervención profesional basada en los derechos humanos, la autonomía personal, la accesibilidad universal, la igualdad de oportunidades y la vida independiente de las personas con discapacidad.

Para COCEMFE, la futura regulación representa una oportunidad para modernizar y fortalecer el sistema de servicios sociales, estableciendo unos criterios comunes que reduzcan las desigualdades territoriales, refuercen la seguridad jurídica y aseguren una atención de calidad en todo el Estado. La entidad considera que la ausencia de un marco básico común sobre profesiones, funciones y competencias genera actualmente diferencias significativas en el acceso a los apoyos y en la calidad de la atención que reciben las personas.

En este sentido, COCEMFE defiende que la futura ley debe alinearse plenamente con la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad de Naciones Unidas y superar definitivamente cualquier enfoque asistencialista. La Confederación plantea que la actuación profesional en los servicios sociales se oriente a garantizar la autonomía personal, la inclusión en la comunidad, la participación social, la igualdad de trato y la no discriminación .

“El sistema de servicios sociales debe poner a las personas en el centro y garantizar apoyos que permitan desarrollar proyectos de vida independiente y participar plenamente en la comunidad. La futura ley debe consolidar un modelo basado en derechos y no en la mera atención asistencial”, afirma el presidente de COCEMFE, Anxo Queiruga.

Entre las propuestas trasladadas al Ministerio, COCEMFE reclama la creación de un catálogo básico, flexible y actualizable de profesiones, perfiles y funciones profesionales que reconozca tanto los perfiles tradicionales como aquellos especializados que han surgido para responder a nuevas necesidades sociales. Entre ellos, la entidad destaca ámbitos como la accesibilidad universal, la asistencia personal, el apoyo a la vida independiente, la orientación jurídica especializada, la comunicación accesible, la igualdad, la coordinación de apoyos y la defensa de derechos.

Asimismo, la Confederación considera imprescindible que la ley reconozca expresamente el papel del Tercer Sector de acción social y del Movimiento Asociativo de la discapacidad como agentes esenciales del sistema de servicios sociales. Las entidades sociales desempeñan una función clave en la detección de necesidades, la prestación de apoyos, la innovación social, la participación comunitaria y la defensa de derechos, contribuyendo a complementar la acción pública desde la especialización y la cercanía a las personas.

“Las entidades sociales llevamos décadas desarrollando apoyos especializados y generando conocimiento sobre las necesidades reales de las personas. Ese papel debe verse reflejado en la futura ley para fortalecer el sistema y garantizar respuestas más eficaces y ajustadas a la realidad social”, señala Queiruga.

COCEMFE también propone que la norma incorpore formación continua obligatoria en materias como discapacidad, accesibilidad universal, igualdad de género, apoyos a la toma de decisiones, prevención de vulneraciones de derechos y metodologías de intervención basadas en la evidencia. Además, plantea la creación de mecanismos estables de coordinación entre administraciones públicas , organizaciones profesionales y entidades representativas del tercer sector para asegurar la coherencia territorial y la mejora continua del sistema.

La entidad subraya que una regulación adecuada de las profesiones de los servicios sociales contribuirá a reforzar la calidad de los apoyos, garantizar la continuidad de la atención y avanzar hacia un modelo centrado en la persona , especialmente para quienes tienen mayores necesidades de apoyo, discapacidad física y orgánica o condiciones de salud de larga duración. Por ello, insta al Gobierno a incorporar estas propuestas durante la tramitación de la norma para construir un sistema más inclusivo, accesible y garante de derechos.

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