El Col·legi d’Economistes de Catalunya (CEC) y el Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya (CCJCC) reclaman al conjunto de las administraciones públicas la creación de una línea de ayudas, destinadas a las empresas, sobre todo las de menor dimensión, al objeto de facilitar que puedan contratar profesionales expertos que las ayuden y asesoren en la elaboración y presentación de informes de sostenibilidad. Estas ayudas podrían ser similares a las que ya existen en otros ámbitos, tales como la iniciación a la exportación, las tecnologías digitales y la industria 4.0, entre otros. 

Además, proponen establecer incentivos fiscales en favor de las empresas, también con énfasis en las pymes, que incorporen en su acción cotidiana la elaboración y verificación externa de informes de sostenibilidad. Así lo han verbalizado el decano del CEC, Carles Puig de Travy, y el presidente del CCJCC, Antoni Gómez, en sendas intervenciones en el marco del I Congreso Catalán de Sostenibilidad, organizado con el propósito de abordar los retos actuales y futuros que plantea la Directiva sobre Sostenibilidad.

El CEC y el CCJCC juzgan que las empresas y, en particular, las pymes, tendrían que reportar en relación a los valores que contempla el concepto amplio de sostenibilidad y, en esta línea, el marco que establece la Directiva sobre Sostenibilidad citada, tengan o no tengan la obligación de cumplirla. 

La Comisión Europea ha aprobado la Directiva sobre información corporativa sobre sostenibilidad de próxima transposición en España, que regula la actividad económica y empresarial en lo que concierne a la sostenibilidad, puesto que existe el convencimiento que los riesgos y oportunidades vinculados a la sostenibilidad tienen una influencia decisiva en los resultados financieros de la empresa. La Directiva se aplica, inicialmente, a todas las grandes empresas y a todas las empresas que cotizan en mercados regulados, con la excepción de las microempresas cotizadas, siendo preciso también evaluar la información relativa a sus filiales. Las pequeñas y medianas empresas cotizadas disponen de un periodo transitorio hasta 2028. 

En este contexto, ambos colegios profesionales defienden que la sostenibilidad entendida desde una visión amplia –en sus vertientes ambiental, social y económica– constituye el principal reto de la sociedad. Un desafío que implica transformar los fundamentos del actual modelo económico con el objetivo de hacer una sociedad más justa y respetuosa con el entorno y con las generaciones futuras. Una transformación que solo puede tener garantía de éxito si se realiza de forma sistémica y con la participación de los diferentes agentes socioeconómicos, desde la ciudadanía hasta las empresas, pasando por las instituciones y las administraciones públicas, mediante una implicación y coordinación a todos los niveles sobre la base de la colaboración público-privada.

Ventaja competitiva

Por ello consideran que las empresas deberían ver la elaboración y presentación de un informe de sostenibilidad como una ventaja competitiva en su actuación en los mercados, con relación a sus empleados, en su actividad cotidiana con proveedores y clientes, en su relación con las administraciones públicas, a la hora de obtener financiación y, también, como vía para proyectarse como empresas comprometidas socialmente.

En este contexto, y además de los ya referidos incentivos fiscales y ayudas, auditores y economistas proponen introducir y extender cláusulas de sostenibilidad en los procesos de licitación de las diferentes administraciones públicas, que den un mejor valor a las ofertas presentadas por empresas que elaboren informes de sostenibilidad verificados por profesionales independientes. Y reclaman impulsar una campaña de divulgación entre el tejido empresarial, con foco en las pymes del país, con respecto a la bondad de la sostenibilidad y, en particular, de la Directiva de Sostenibilidad, destacando los beneficios que se derivan de la elaboración y presentación de informes de sostenibilidad en diversos ámbitos (social, financiero, licitación pública y acceso a clientes) y recomendándolos como parte importante de sus estrategias empresariales.

Guías ad hoc para pymes

Por último, piden que se proponga a las instancias oportunas la elaboración de unas guías ad hoc para aquellas empresas que opten –de forma voluntaria o a demanda de sus clientes– por cumplir con las obligaciones emanadas de la Directiva y que tengan presentes las casuísticas y las realidades específicas de las pymes, y que no sean una simple adaptación de las pautas dirigidas a las grandes empresas.