El 62% de las empresas españolas tiene una estrategia o plan contra el desperdicio alimentario

El mes de abril entró en vigor en España la recientemente aprobada Ley de Prevención de la Pérdida y el Desperdicio Alimentario, un marco normativo que AECOC y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación han analizado hoy en Barcelona en una jornada conjunta.
Durante el acto, en el que ha participado la secretaria general de recursos agrarios y seguridad alimentaria, Ana Rodríguez Castaño, se han presentado las conclusiones del “Informe del Desperdicio Alimentario en la Industria y la Distribución en España”, realizado para el MAPA por AECOC.
El informe, elaborado a finales del pasado año, pone de manifiesto que el grado de preparación de las empresas para cumplir con los nuevos requisitos normativos está claramente condicionado por su tamaño.
Concretamente, el 79% de las grandes empresas declara tener ya una estrategia o plan contra el desperdicio alimentario, mientras este porcentaje desciende hasta el 48% en el caso de las pymes.
Algo similar ocurre en el caso de los convenios de colaboración con ONGs para donar los productos no comercializados (otro de los requisitos de la ley). El 83% de las grandes compañías ya cuenta con ellos, mientras que el porcentaje se reduce al 42% en el caso de las pequeñas y medianas empresas.
El trabajo, en el que han participado 150 empresas de la industria y la distribución alimentaria, entre las que figura toda la gran distribución, confirma que el 72% de las empresas conoce la cantidad de producto que desperdicia en sus diversos procesos, aunque sólo el 59% de ellas reporta el valor económico de estas pérdidas.
La información facilitada por las empresas participantes permite concluir que su porcentaje de desperdicio alimentario se sitúa en el 0,65% del total comercializado y que la pérdida económica media es de 0,73€ por cada tonelada producida o adquirida.
La secretaria general de recursos agrarios y seguridad alimentaria del MAPA, Ana Rodríguez, ha puesto en valor el trabajo de las empresas agroalimentarias para reducir el desperdicio alimentario. «En los últimos años, se ha tomado conciencia de la importancia de prevenir y reducir el desperdicio de alimentos en toda la cadena de valor, así como de los costes económicos, sociales y medioambientales que supone no hacerlo. Es un deber ético evitar que los alimentos terminen en la basura.»
Ana Rodríguez también ha señalado que las campañas de sensibilización y prevención impulsadas, tanto desde el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación como desde el ámbito privado, han resultado efectivas a la hora de promover un movimiento global de la importancia de luchar contra el desperdicio de alimentos.
España, el cuarto país de la UE que menos desperdicia
La jornada ha servido para poner de manifiesto también que los proyectos de colaboración y sensibilización impulsados en nuestro país para reducir el desperdicio alimentario están consiguiendo un éxito notable.
En España, según datos de Eurostat, se desperdician 90kg por persona al año, mientras la media de la UE asciende hasta los 132kg. Además, nuestro país ocupaba hace 10 años el 7º puesto en el ranking europeo de desperdicio alimentario, mientras que actualmente es el cuarto país de la UE que menos alimentos desperdicia, tan sólo por encima de Eslovenia, Croacia y Suecia.
El 95% de los consumidores respalda la ley contra el desperdicio alimentario
En otro bloque de la jornada, Carlota Usatorre -Responsable de desarrollo comercial de ShopperView en AECOC-, ha presentado las conclusiones del ‘Barómetro del Desperdicio Alimentario de AECOC’ realizado en colaboración con Phenix, que revela que la lucha contra el desperdicio de alimentos también sigue ganando peso entre los consumidores españoles.
Según el informe, el 95% de los encuestados considera que la nueva Ley de Prevención de las Pérdidas y el Desperdicio Alimentario es una buena iniciativa y contribuirá a reducir significativamente la cantidad de alimentos que se desperdician en los supermercados. Los ciudadanos creen que esta normativa tendrá un impacto social y medioambiental positivo, ayudando a combatir la pobreza (54%) y reducir el impacto ecológico del desperdicio alimentario (23%).
El informe también confirma que la tendencia a reducir el desperdicio en los hogares avanza, aunque de forma gradual. Mientras que en 2016 el 40% de los hogares admitía tirar alimentos con frecuencia, en 2025 la cifra ha bajado al 36%. El desperdicio en la restauración también preocupa a la población, puesto que el 89% ya pide llevarse la comida sobrante cuando sale a comer fuera, frente al 58% en 2016.



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