La factura de las catástrofes en España se disparó a 11.330 millones de euros en 2024, 6.900 millones más que en 2023

La factura de las catástrofes producidas en España en 2024 se elevó a 11.330 millones de euros, lo que supone 6.880 millones más que en 2023, cuando se alcanzó un coste de 4.450 millones, según los cálculos del Barómetro de Catástrofes 2024 presentado hoy en Madrid en el X Simposium del Observatorio de Catástrofes de la Asociación Cluster Catástrofes, celebrado bajo la Presidencia de Honor de S.M. el Rey en el Instituto de la Ingeniería de España.

La cifra final incluye el coste asegurado (6.335 millones de euros), los costes no asegurados (2.450 millones), los costes imputados por first responders (1.231 millones) y el impacto sobre el PIB (1.314 millones).

El coste asegurado de las catástrofes supuso una factura de 6.335 millones de euros, frente a los 2.449 millones de 2023. La dana del 29 de octubre de 2024, con un coste asegurado de 5.260 millones de euros, representa cerca del 83% de la factura anual total asegurada por catástrofes naturales, que ha crecido un 160% respecto a 2023 y ha incrementado un 34,3% el coste promedio anual, pasando de 1.551 millones de euros a 2.080 millones en la última década.

Los costes asegurados generados por el resto de desastres naturales (excluyendo la dana) ascendieron a 1.075 millones, distribuidos entre el Consorcio de Compensación de Seguros (173 M€), Agroseguro (659 M€) y el seguro privado UNESPA (242 M€). Por otra parte, el impacto sobre el PIB para las empresas aseguradas afectadas supuso 478 millones.

El total de daños no asegurados alcanzó los 3.287 millones de euros, de los que 2.451 corresponden a los daños directos causados por los desastres naturales y 836 millones, al impacto sobre el PIB por las empresas no aseguradas.

Las actuaciones de los first responders (Protección Civil, UME, Cruz Roja) y Tragsa supusieron unos costes imputados de 1.231 millones de euros -124 millones en 2023-, mientras que el impacto total de las catástrofes en el PIB nacional fue de 1.314 millones de euros.

Según el Barómetro de Catástrofes 2024, los daños estimados derivados de la aseguración de familias y empresas ascendieron a casi 3.290 millones de euros, lo que significa que el sector asegurador en España habría cubierto dos tercios de los costes provocados por las catástrofes naturales en España en 2024.

“Todos estos datos dramáticamente marcados por una dana que dejó 236 víctimas mortales,  permiten afirmar que 2024 ha sido para España el año más catastrófico en todos los registros, no solo en el periodo observado por nuestros Barómetros (peor año de la serie 2016-2024), sino en los registros históricos de los riesgos extraordinarios cubiertos por el Consorcio de Compensación de Seguros desde su creación en 1954”, afirmó Pedro Tomey, Presidente del Observatorio de Catástrofes de la Asociación Cluster Catástrofes.

Los datos del Barómetro indican que el Consorcio de Compensación de Seguros (CCS) asumió la mayor parte del impacto de la dana, con 4.954 millones de euros en indemnizaciones, apoyado parcialmente en la gestión por las aseguradoras privadas y sus equipos periciales. A ello, se suman las compensaciones de Agroseguro (53 millones) y UNESPA (192 millones) asociadas a la catástrofe, además de otros 1.135 millones correspondientes a siniestros no vinculados con la dana y abonados por CCS, Agroseguro y las aseguradoras privadas.

El impacto territorial y social de las catástrofes en 2024 también ha sido notable. El coste medio de los daños por habitante fue de 117 euros, frente a los 28 euros del año anterior. La media está muy condicionada por el peso de la Comunidad Valenciana, donde los daños per cápita alcanzaron los 990 euros. Si se excluyese la dana, el coste medio nacional se reduciría a 13 euros por persona, niveles comparables a los de 2022. 

Además de los daños asegurados, los first responders y Tragsa asumieron 100 millones de euros en gastos de emergencia, a lo que se añaden 1.130 millones inicialmente recogidos en los Presupuestos Generales del Estado, destinados a la reconstrucción y reactivación socioeconómica de las zonas afectadas.

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