La inseguridad jurídica lastra la implementación del teletrabajo

La pandemia hizo que el término teletrabajo comenzase a resonar con fuerza. Durante el estado de alarma, según cifras del Instituto Nacional de Estadística, más de la mitad de los empleadores y empleadoras de España ofreció la posibilidad de trabajar a distancia y el 46,7 % de la plantilla aprovechó esta oportunidad. Sin embargo, los datos actuales muestran que en la actualidad menos del 8% de los empleados teletrabajan, por lo que, cuatro años después, esta modalidad laboral se encuentra muy por debajo de su potencial.

«La falta de implementación generalizada del teletrabajo es una realidad, pese a que la experiencia de las personas que lo practicaron durante la pandemia fue mayoritariamente positiva», apunta Irene Rovira Ferrer, investigadora de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). De hecho, el trabajo a distancia también puede aportar beneficios para los empleadores y la ONU lo considera una herramienta importante para alcanzar sus Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Esta es la premisa de la investigación El estímulo a los empleadores y la mitigación de la inseguridad jurídica: dos factores clave en la consolidación del trabajo a distancia, dirigida por Rovira, quien forma parte del grupo Fiscalidad, relaciones laborales y empresa (TAXBUSINESS) y es profesora de Derecho Financiero y Tributario de los Estudios de Derecho y Ciencia Política.

Su objetivo es identificar y analizar los principales motivos de reticencia de los empleadores a la hora de permitir a sus empleados trabajar a distancia y los problemas de inseguridad jurídica que genera su ejercicio, elementos clave para su consolidación, con el fin de aportar conocimiento relevante y efectivo para el diseño de políticas públicas.

El estudio se incluye en el proyecto coordinado La necesaria consolidación del trabajo a distancia: oportunidades, desafíos y propuestas (CTD) —financiado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades—, coordinado por la profesora de la UOC, en el que también se enmarca la investigación No discriminación, bienestar laboral y teletrabajo de personal extranjero: tres elementos clave para la consolidación del trabajo a distancia, dirigida por Fernando Camas, director de la Cátedra de Inmigración, Derechos y Ciudadanía de la Universitat de Girona.

La importancia de la consolidación del teletrabajo

«Consolidar el teletrabajo aporta ventajas para todos los actores implicados: los empleadores, los empleados y el propio Estado. Hay estudios que demuestran los beneficios para los empleadores en términos económicos y de rentabilidad. Además, la experiencia mayoritaria es positiva para los empleados y, en cuanto al Estado, el teletrabajo resulta especialmente ventajoso para cumplir con la Agenda 2030″, explica Rovira.

«A modo de ejemplo, en un mundo cada vez más independiente, complejo y globalizado, es evidente que la ausencia de barreras físicas que caracteriza su ejercicio permite una ampliación de las oportunidades de conseguir trabajos dignos y de calidad desde cualquier lugar del planeta, así como una reducción de los costes para los empleadores y la multiplicación de su capacidad de conseguir talento», expone la profesora de la UOC haciendo referencia al ODS 8: Trabajo decente y crecimiento económico.

«Trabajar a distancia permite la reducción de los desplazamientos, con el consiguiente impacto en el planeta, y una mayor conciliación laboral y familiar, junto con una mejor distribución de las labores domésticas», añade, mencionando los ODS 13, Acción por el clima, y 5, Igualdad de género.

A estos se suman los impactos en el ODS 3, Salud y bienestar, al favorecer el ahorro de tiempo en desplazamientos; o en el 10, Reducción de las desigualdades, al fomentar la inclusión sociolaboral de personas con discapacidad y la repoblación de localidades pequeñas.

Los retos para conseguirlo: el caso de España

Investigaciones previas realizadas a escala nacional por la profesora Rovira —que dieron como resultado la monografía La fiscalidad del trabajo a distancia— la llevaron a tomar consciencia de que, para consolidar el teletrabajo en España, es necesario erradicar dos factores clave: la reticencia de los empleadores a ofrecerlo y la inseguridad jurídica que deriva de la normativa actual, «tanto a causa de sus inéditas características como por las consecuencias de algunas de las regulaciones creadas ad hoc —especialmente la Ley 10/2021, de 9 de julio, de trabajo a distancia—», detalla la investigadora, quien ha sido seleccionada como uno de los 22 cargos científicos que asesorarán a los ministerios del gobierno español en la toma de decisiones con la nueva Oficina Nacional de Asesoramiento Científico.

En consecuencia, el equipo de investigación trabaja actualmente para identificar los motivos principales que llevan a los empleadores a no contemplar el trabajo a distancia, entre los que estima que se encuentra, en especial, el cumplimiento de las obligaciones que imponen los artículos 11 y 12 de la Ley de trabajo a distancia.

En concreto, tales preceptos establecen «el deber de suministrar las herramientas, medios y equipos necesarios para el desarrollo del trabajo a distancia y el de compensar a los empleados los gastos, directos e indirectos, soportados por la prestación laboral no presencial», apunta Rovira. La atención a recursos y gastos «no solo puede resultar compleja, sino que puede conllevar consecuencias tributarias e incidir incluso en las cotizaciones de la Seguridad Social», añade.

Además de aportar conocimiento relevante para el diseño de políticas públicas, el objetivo del proyecto de investigación es crear guías que sirvan de protocolo para ayudar a los empleadores a cumplir con las obligaciones de la forma más operativa y óptima posible, y aportar conocimiento necesario para identificar, clarificar y analizar el impacto jurídico del trabajo a distancia de carácter internacional.

La investigación liderada por Irene Rovira también pretende aportar propuestas normativas de reforma para su correcta adecuación. «Especialmente, a efectos de garantizar el respeto de los derechos y el bienestar de los empleadores y trabajadores, la sostenibilidad de las obligaciones que se derivan y la protección de la justicia tributaria mundial«, explica la investigadora.

«Con nuestra investigación esperamos aportar información relevante para poder adoptar políticas que influyan en la consolidación del trabajo a distancia y propuestas de modificación normativa para su adecuada regulación», concluye la profesora de la UOC.

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