Sólo 1 de cada 3 ciudades españolas obligadas a establecer Zona de Bajas Emisiones ha hecho los deberes

Tres años tras la aprobación por parte del Gobierno de la normativa para las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE), la realidad es que solo aproximadamente el 37% de los municipios españoles que están legalmente obligados a ello han implementado, anunciado o comenzado a realizar pruebas en estas zonas. Así, de las 149 ciudades que deben aplicar la normativa, sólo 55 han hecho los deberes, según datos recopilados por Velca, fabricante español de motos eléctricas, a partir de un informe del RACE.

La Ley de Cambio Climático y Transición Energética (2021) y el Real Decreto 1052/2022 establecieron la obligatoriedad de estas zonas restringidas al tráfico más contaminante. Sin embargo, la lenta y desigual aplicación práctica de estas áreas de bajas emisiones está ralentizando la movilidad eléctrica, según Velca.

De hecho, esta lentitud es caldo de cultivo para que muchos vehículos sin etiqueta medioambiental circulen sin ningún tipo de restricción por la mayor parte de las grandes y medianas urbes españolas. 

En este sentido, Velca recuerda que, en el caso de las motos y según datos de la DGT, el 30% del parque carece de etiqueta ambiental. En contraste, sólo el 1,2% (unas 54.000 unidades) son 100% eléctricas (con etiqueta Cero). Además, en el mundo de las dos ruedas no existe apenas opción híbrida, lo que sitúa a las motos eléctricas como la única alternativa sostenible real.

Retrasos en el MOVES, comunidades que no cumplen y fondos agotados

Para Velca la lentitud de la Administración no solo se refleja en la implantación de las ZBE, sino también en el diseño de planes de incentivos eficaces, en la entrega de las ayudas y en el desarrollo de una infraestructura de recarga suficiente.

En cuanto a la efectividad real de los planes de incentivos estatales, la reactivación del Moves III con 400 millones de euros, fijaba “un plazo máximo de tres meses” para que las Comunidades Autónomas y las ciudades autónomas publicaran las convocatorias para las ayudas a los vehículos eléctricos. Una vez pasados esos 90 días, 10 comunidades -Aragón, Asturias, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Cataluña, Comunidad Valenciana, Extremadura, Murcia, Navarra y la ciudad autónoma de Melilla- no han cumplido y mantienen bloqueado el plan de incentivos para la electromovilidad.

Por su parte, en los territorios que sí cumplieron con este plazo, como es el caso de la Comunidad de Madrid, en apenas unas semanas se agotaron los fondos públicos disponibles, abriéndose una lista de espera para todos aquellos usuarios que solicitaron las ayudas posteriormente. Para Velca, toda esta situación genera confusión e incertidumbre entre los usuarios, lo que a su vez desanima a muchos de ellos a dar el salto definitivo a la movilidad eléctrica.

Ante este escenario, empresas privadas como Velca vienen clamando por un plan de incentivos directos e inmediatos, sin papeleo ni tributación con vistas a ofrecer al conductor algo que le ayude realmente, sin tener que adelantar el dinero de su bolsillo y sin hacer frente a prolongados tiempos de espera de dos años hasta que la ayuda estatal la recibe en su cuenta bancaria. 

Por otro lado, el otro deber de la Administración gira en torno a la infraestructura de recarga, que no tiene el desarrollo suficiente para motos y ciclomotores eléctricos. Aquí Velca sugiere aumentar la instalación de enchufes domésticos de 220V en espacios comunes como calles, garajes y viviendas pensando en la movilidad de dos ruedas. Es decir, una infraestructura de bajo coste, que permitiría recargar motos y ciclomotores eléctricos fácilmente en pocas horas y que dejaría de estar dependiente del desarrollo de puntos de carga para turismos.

En palabras de Emilio Froján, CEO de Velca, “más de un millón de motos circulan en España sin etiqueta ambiental. Parece que las preocupaciones sólo se centran en los coches, pero hay un enorme desconocimiento sobre el etiquetado en las motos. Necesitamos acelerar la electrificación y para eso hace falta decisión política. Asimismo, crear un clima de confianza, información y facilidades para los ciudadanos es esencial. Sólo así se podrá avanzar hacia ciudades más saludables y sostenibles”.

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