La electricidad española es una de las más caras de Europa y ello se debe, fundamentalmente, a la intervención estatal en el sector y a la elevada presión fiscal sobre los consumidores de energía, tanto empresas como particulares. Así se desprende del informe “Intervención estatal y pobreza energética” que ha publicado la Fundación para el Avance de la Libertad. El think tank liberal ha encargado el estudio a la fiscalista Marta Martínez Zorita y al doctor en Física Nuclear y divulgador en materia de política energética Manuel Fernández Ordóñez, profesor de Economía Medioambiental en la Universidad Francisco Marroquín. La principal conclusión del informe es la existencia de un problema acuciante de pobreza energética en España, que podría aliviarse mediante la reducción del fuerte intervencionismo estatal, en lugar de recurrir a la emisión generalizada de bonos y ayudas.

Los autores ponen el acento en el fenómeno español de las “cargas parafiscales” que incrementan en muy gran medida el precio final de la electricidad. Entre estas cargas adicionales que el consumidor no ve, pero le afectan, se encuentran las diversas decisiones políticas que, en lugar de incluirse de manera transparente en los Presupuestos Generales del Estado, se incluyen en la tarifa. Son, por ejemplo, la retribución adicional a los sistemas no peninsulares, la retribución al régimen especial de las energías renovables y residuos, o el servicio de interrumpibilidad. Así, el informe denuncia que el precio final de la energía no responde al coste de su producción y transporte hasta el hogar o la empresa, sino que incluye cargas ocultas adicionales.

Por otro lado, la fiscalidad de la energía en España incluye impuestos pretendidamente ecológicos (los de  la Ley 15/2012) que, en realidad, carecen de sentido en cuanto a la protección del medio ambiente y obedecen a una lógica de recaudación adicional para penalizar el consumo de energía, con los consiguientes efectos adversos de naturaleza económica. Además, también las comunidades autónomas han legislado diversos impuestos adicionales en esa misma línea. Pero especialmente grave es que el Impuesto Especial sobre la Electricidad no se calcule en función del consumo real efectivo, y que además forme parte de la base imponible del IVA del recibo eléctrico, generando así una situación de doble imposición.

Frente a la pobreza energética, que afecta de manera especial a unos tres millones de hogares y a multitud de pymes, los autores proponen que la actual reducción temporal del IVA al 5% se convierta en permanente, derogar los impuestos creados por la ley 15/2012 y los tributos autonómicos supuestamente ecológicos, calcular el Impuesto Especial en base al consumo eléctrico real, y reformar en general el marco tributario de la energía para primar a aquellas fuentes que no incrementan las emisiones de CO2, principalmente renovables y nuclear.