El sector de la auditoría de cuentas en su conjunto y las universidades españolas alertan de la “carencia de profesionales” en el contexto de la “presión regulatoria” de la Unión Europea (UE) en sostenibilidad empresarial y señalan que la disponibilidad de recursos y medios y la formación del capital humano se constituyen como “puntos críticos” para que las empresas puedan satisfacer “con plenas garantías” las nuevas obligaciones que se derivan de la Directiva 2022/2464 de la UE.

Se estima que entre 3.000 y 4.000 empresas en el conjunto de España y entre 40.000 y 50.000 en la Unión estarán sometidas a la nueva legislación al objeto de elaborar la Información de Sostenibilidad Corporativa. En este contexto, representantes de ambos sectores se han urgido a reforzar la colaboración –sobre todo en materia de verificación y formación– ante el “tsunami” legislativo aplicable a las empresas en esta materia.

Estas son las principales conclusiones de la jornada ‘Diálogo Universidad – Auditoría’ organizada por el Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya (CCJCC) y en la que Joan Vall, presidente del Col·legi, se ha mostrado confiado en que, tras el largo periodo necesario para la conformación de un Gobierno en el país, “una tramitación parlamentaria prioritaria” de la ley española de transposición de la Directiva 2022/2464 permita su aplicación “lo antes posible” en el año 2024.

La nueva norma, que sustituye a la Directiva sobre el Estado de Información no Financiera (EINF) vigente desde 2014, “revoluciona los cánones actuales del reporting y eleva el nivel de la información en sostenibilidad para equipararla a la financiera”, ha expresado Vall. Raquel San Jaime, responsable de Sostenibilidad del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España (ICJCE), ha destacado por su parte “los estándares comunes de información en materia de sostenibilidad para homogeneizar la información publicada por las empresas de la UE” que aporta la nueva normativa, mientras que Noelia Acosta, vicepresidenta segunda del CCJCC, ha puesto énfasis en los “más de 1.100 indicadores” que las empresas deberán tener en cuenta a la hora de llevar a cabo los diferentes niveles de reporte (transversal, ambiental, social y de gobernanza) a que estarán obligadas.

Visión integral de la sostenibilidad y adaptación de programas académicos

Vall ha ahondado en el rol del conjunto de profesionales de la auditoría de cuentas en España –“tenemos la responsabilidad de evaluar y verificar el desempeño sostenible de las organizaciones”– y ha defendido la idea de que “el diálogo entre la auditoría y la universidad es esencial para promover una visión integral de la sostenibilidad”. En este punto Bernabé Escobar, director de la Asociación Española de Profesores Universitarios de Contabilidad (ASEPUC), ha añadido que el “reto magnífico” que supone la nueva legislación aconseja “la búsqueda de sinergias entre el mundo académico y profesional”.

También desde el propio sector universitario se ha puesto énfasis en el “desafío” que supone el ritmo de adaptación de los programas académicos a propósito de las nuevas exigencias surgidas de la Directiva europea y de su próxima transposición a la legislación española. Así han coincidido Ramón Alemany, decano de la Facultad de Economía y Empresa de la Universitat de Barcelona (UB), Mateu Puigvert (UNED) y Dolors Plana (UOC) que, en su caso, ha abogado asimismo por el establecimiento de “currículums e investigación conectados con la práctica profesional y dando respuesta a necesidades reales”.

Falta de transversalidad e integración en la cadena de valor

José Antonio González, vicepresidente primero del Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya, ha admitido que “hay camino por recorrer” en materia de transversalidad de equipos ante la aprobación en ciernes de la nueva ley española de transposición de la Directiva 2022/2464 y, desde este punto de vista, ha defendido el “relieve que adquiere la formación”.

Y Marc Rufé (UB) ha argumentado que “tanto a nivel educativo como profesional, la sostenibilidad debe integrarse en la cadena de valor” con el propósito de “alinear los objetivos establecidos por la misma en nuestras respectivas actividades cotidianas”.

Antes de finalizar y a modo de corolario, Joan Vall ha insistido en que “la tendencia a largo plazo es que los informes de información financiera y no financiera se conviertan en un único informe corporativo, por lo que hemos de trabajar de forma decidida para formar a los nuevos y nuevas profesionales”.

En la jornada ‘Diálogo Universidad – Auditoría’ del CCJCC también han intervenido Josep M. Argilés y Máximo Losilla (ambos de la Universitat de Barcelona), Sergi Arnau (EY), María Luisa Ramírez (Bové Montero y Asociados), Patricia Reverter (KPMG) y Héctor Robelló (Mazars).